EL CLERO LIBERAL ESPAÑOL EXILIADO EN FRANCIA .MASONES ECLESIÁSTICOS EMIGRADOS A FRANCIA ENTRE 1823 y 1834

EL CLERO LIBERAL ESPAÑOL 

EXILIADO EN FRANCIA

En 1823, con la caída del régimen constitucional, la emigración de clérigos españoles fue un fenómeno significativo, tanto numérica como ideológicamente. De hecho, en el Trienio constitucional se puso verdaderamente en marcha la reforma de la Iglesia española, que las Cortes de Cádiz tan sólo habían podido esbozar. Algunas de ellas lesionaban peligrosamente los intereses de la Iglesia, como por ejemplo, la definitiva abolición de la Inquisición, la reforma de las órdenes religiosas, la supresión de monacales y puesta en venta de sus bienes, la reducción del diezmo en una mitad, la supresión del fuero eclesiástico. Por consiguiente, el que algunos sacerdotes apoyaran semejante política constituía un poderoso compromiso.

Disponemos de una lista de 130 eclesiásticos liberales emigrados que no deja de ser una proporción ínfima con respecto a los impresionantes efectivos del clero español recogidos en el censo de 1797 que arroja un total de 134.675, entre seculares y regulares. Y ello teniendo en cuenta que, de 1808 a 1820, se había rebajado en 13.000 la cifra de los regulares varones. Por supuesto que al concluir el Trienio constitucional, no todos los clérigos liberales tuvieron la oportunidad o quisieron exiliarse y muchos sufrieron la represión en España. Tampoco cabe olvidar que en 1823 numerosos constitucionales españoles huyeron a Inglaterra, donde se asentaron algo más de mil-, a Bélgica e incluso, en algunos casos, a América del Sur. Los eclesiásticos que abandonaron España fueron, pues, a engrosar las filas de la emigración en estos países.

Como han analizado distintos historiadores, los clérigos que apoyaron el nuevo régimen constitucional eran herederos de los "jansenistas" dieciochescos y de éstos recogieron las tesis regalistas y episcopalistas. Aspiraban a la formación de una Iglesia nacional, independiente de Roma, regida por los obispos españoles en lo espiritual y sometida al poder regio en lo temporal. Por ende antepusieron al servicio del Rey el servicio a la Nación, lo que era en sí un acto revolucionario. Pero, a diferencia de su abuelo Carlos III, celoso defensor de sus regalías frente a las intromisiones de Roma y de la Inquisición, Fernando VII había renunciado al regalismo y cumplía a rajatabla los dictados del papado en cuestiones religiosas.

Hubo clérigos que aceptaron la revolución de 1820 como un hecho consumado y, adaptándose a las circunstancias, obedecieron pasivamente a las autoridades civiles. Algunos prelados redactaron pastorales en loor del nuevo sistema, cumpliendo así, sin hacerse de rogar, la Real Orden del 12 de abril de 1820 en que el gobierno liberal, conocedor del influjo del púlpito en la mentalidad del pueblo, mandó que los eclesiásticos hicieran propaganda por la constitución y explicaran a los fieles la compatibilidad de la Carta Magna con la religión. Pero a partir de octubre de 1820, cuando la inmensa mayoría del clero se movilizó en contra de la reforma de las órdenes religiosas, los clérigos difícilmente podían evitar decantarse nítidamente por uno u otro campo.

Fernando VII expidió el 6 de febrero de 1824 un decreto mandando separar de sus prebendas y beneficios a los eclesiásticos que hubieran sido miembros de una sociedad secreta. Y al mes siguiente, otra Real Orden agravó las represalias exhortando a los prelados a imponerles castigos canónicos y hasta penas de reclusión en monasterios. Finalmente, quienes habían pertenecido a una sociedad secreta quedaron excluidos de la amnistía otorgada por el monarca el 10 de mayo de 1824.

Hay que resaltar que muchos de los eclesiásticos favorables al régimen constitucional eran miembros del clero culto. Entre ellos sobresalen 5 profesores, 1 protonotario, 2 beneficiados, 2 arcedianos, 1 vicario general, 10 canónigos de los que 4 son dignidad y 2 obispos.

Por ejemplo, Juan Ferrer, doctor en teología, beneficiado de la Catedral de Mallorca, protonotario y juez de la Iglesia romana. Perseguido por sus opiniones políticas, se marchó para Francia en 1828.

Antonio de la Cuesta y Torre, arcediano de la Catedral de Avila y penitenciario de los Hospitales de la misma que, condenado por jansenista en 1801 por la Inquisición, escapó a Bayona, donde le dio cobijo el conde de Cabarrús. Luego, estudió ciencias naturales y economía política en París. De vuelta a España, en 1808 rechazó ser consejero de Estado del rey José I, optó por el bando de los patriotas liberales y se trasladó a Cádiz. Hecho preso en 1814 por los absolutistas, luego fue elegido diputado a Cortes por Avila en 1820. El 23 de septiembre de 1823, llegó a Burdeos y, en noviembre de 1824, se asentó en París, donde frecuentaba las tertulias del conde de Toreno y Martínez de la Rosa.

Pedro Pérez Mendo, canónigo doctoral de Badajoz y director de los establecimientos de beneficencia de la ciudad que, por haber predicado a favor de las libertades públicas, había sido destituido, despojado de sus prebendas y condenado en 1823 a una pena de ocho años de reclusión en un monasterio, huyo a Burdeos regresando a España en abril de 1834, a raíz del indulto definitivo decretado por María Cristina.

Pedro González Vallejo, obispo de Mallorca desde septiembre de 1819, quien fue elegido diputado a Cortes por Soria y presidente de las mismas en 1820. Obligado a abandonar su mitra, en octubre de 1824 se exilió a Montpellier.

Antonio Posada Rubín de Celis, abad mitrado de Villafranca del Bierzo, diputado por Murcia en 1820 y encumbrado a la mitra de Cartagena-Murcia en 1821 a iniciativa del gobierno liberal, tuvo que permanecer en Francia hasta mayo de 1834.

Mariano José Sicilia, prior electo de la Colegiata de Baza, en el obispado de Guadix en 1819 y prior en funciones en 1820, luego nombrado vicario general de su diócesis.

Juan Nicasio Gallego, diputado en las Cortes de Cádiz y canónigo racionero de Cartagena desde 1809 que se vio gratificado con la dignidad de arcediano mayor de Valencia en 1820.

Juan Ferrer, beneficiado y protonotario de Mallorca.

Bonifacio Sotos Ochando, rector del Seminario de San Fulgencio durante el Trienio, diputado por dicha ciudad, exiliado en Francia en 1825, fue más tarde preceptor de los hijos de Luis Felipe.

Pedro Alvarez y Gutiérrez, canónigo de Baza, diputado por Granada en 1822, exiliado en julio de 1824.

Juan José de Aguirre Bengoa, canónigo de la Catedral de Cuenca, nombrado durante el Trienio vicario general castrense de las provincias de Chinchilla, Cuenca y Guadalajara, llegó a Bayona en abril de 1831 pidiendo el amparo de Luis Felipe.

Francisco de Borja Fernández, canónigo magistral de la Colegiata de Briviesca, que huyó a Bayona en septiembre de 1831, a sus sesenta y ocho años, tras permanecer cinco incomunicado en un monasterio.

43 de los eclesiásticos asilados en Francia eran capellanes de las tropas constitucionales. Así, Miguel de la Peña y Oliva, cura de San Roque, cerca de Gibraltar, y capellán de un regimiento liberal en 1823, se refugió primero en Inglaterra antes de trasladarse a Portugal en 1827 y luego en 1830 vivió en el depósito de refugiados de Tours, gracias al subsidio que le asignó el gobierno de Luis Felipe.

Igualmente, el religioso hospitalario de la orden de San Juan de Dios, José Parnau, natural de Manresa y director del hospital de Nuestra Señora del Buen Socorro en La Coruña, tomó parte activa en la expedición de Vera que Espoz y Mina organizó en octubre de 1830 para acabar con el absolutismo en España. Luego residió en Montpellier, recibiendo de las autoridades francesas una ayuda diaria de 1,50 franco hasta la amnistía del 23 de octubre de 1833.

Gracias a las listas de masones eclesiásticos españoles elaboradas por Vicente Cárcel Ortí y por José Antonio Ferrer Benimeli, podemos apuntar la condición de masón de varios clérigos exiliados en Francia a partir de 1823: 

- Antonio Posada y Rubín de Ceus, nacido en 1768 en Soto de Aller, Asturias. En 1788 era catedrático de cánones en el seminario San Fulgencio de Murcia, canónigo de San Isidro en Madrid, abad mitrado de la Colegiata exenta de Villafranca del Bierzo. Diputado a Cortes por Murcia en 1820, masón, nombrado obispo de Cartagena-Murcia en 1821, autor de una Carta pastoral (Murcia, 1822) tachada de furibundo manifiesto revolucionario por los absolutistas, fue obligado a dimitir de su mitra en marzo de 1825. Se asiló en abril de 1825 en Perpiñán, y luego en Aix-en-Provence, donde se granjeó la estima del arzobispo a quien ayudó en sus tareas pastorales, 1827 autorizado a viajar libremente en Francia. Tras su regreso a España, disfrutó de los favores del gobierno liberal siendo diputado, luego nombrado prócer, arzobispo de Valencia y Patriarca de Indias. Gran Cruz de Isabel I y Gran Cruz de Carlos III.

- José María de Alcocer, nacido en 1764, párroco de Santa Cecilia de Medellín, Plasencia, uno de los más fervorosos predicadores del sistema constitucional en Extremadura, masón espontaneado, condenado a reclusión en un monasterio por la jurisdicción eclesiástica, logró escaparse 1829: En Bayona, no fue autorizado a ejercer su ministerio y se trasladó a Burdeos y Aix-en-Provence en 1830 y en 1833 a Montpellier.

- José Francisco Fuentes, sacerdote español refugiado en 1829 en Tolosa y luego en París donde frecuentaba a Martínez de la Rosa.

- Ildefonso Medrano, nacido en 1783, presbítero, capellán de un regimiento constitucional, aslado en 1823 en Marsella, y en 1824 en Londres.

- El masón Salvador López, oriundo de Málaga, ya canónigo de Berlanga (diócesis de Sigüenza) antes de 1820, fue durante el Trienio profesor de derecho natural y constitucional en la Universidad de Sevilla. Perseguido por su actitud política y despojado de su canonjía en 1823, se exilió en Montpellier.

- El también masón José María Moralejo, nacido en 1770 en Colmenar de la Oreja, cura propio de San Juan de Brihuega en el arzobispado de Toledo, era doctor en teología por la Universidad de Alcalá de Henares y autor de distintos planes muy radicales de reforma del clero español. En 1820 er miembro de la Sociedad Patriótica de Malta, autor de un radical Plan de reforma del clero en 1821, miembro de la Sociedad Lanbaburiana en 1822. Se asiló en Inglaterra en 1823y en enero de 1830, con sesenta años, se trasladó a Paris dando clases de idiomas. Ya en Barcelona en 1838, fue profesor en el Instituto de Sordomudos y catedrático en la Universidad de Madrid en 1844.

- Martín Rentero, cura en una parroquia de Murcia durante el régimen de las Cortes, archivero de la Diputación Provincial, secretario de la Sociedad Patriótica murciana, salió para Francia bajo la protección de las tropas de Angulema por acogerse al convenio de capitulación de Cartagena. En 1828, se asentó en Lyon donde subsistía diciendo misa diaria y celebrando algún que otro entierro en la parroquia de Saint-Pierre.

- Antonio Barragán, natural de Arnedo, capellán de la "Columna Patriótica", el primer batallón de la milicia nacional de Zaragoza, fue un fervoroso predicador de la constitución. Más tarde fue capellán del 9° regimiento de Infantería que capituló en Huesca. Por considerarlo un enconado constitucional, el obispo de Dax no le concedió licencia para decir misa. Falto de cualquier recurso, no estuvo autorizado a permanecer en Francia y en abril de 1825 optó por emigrar a Inglaterra.

- Domingo Bondía, nacido en Maella (Aragón), religioso exclaustrado, capellán del ejército de Ballesteros y masón espontaneado, huyó de las persecuciones a las que estaba sometido en España, emigrando a Bagneres-de-Bigorre en febrero de 1824.

- El masón y luego comunero Joaquín Saez de Quintanilla, presbítero, catedrático de derecho canónico y rector de la Universidad de Valencia, en 1823 se refugió en Aix-en-Provence en 1824.

- El ex mercedario pamplonés y lector de teología Juan Mata de Echeverría, revolucionario muy activo estrechamente vinculado al jefe liberal Juan Olavarría, que luego pretendió haber colaborado con los liberales únicamente como agente secreto al servicio del monarca español como confidente del eecretario particular de Fernando VII, Antonio Ugarte, encargado por el rey de levantar bajo cuerda partidas absolutistas. Lo cierto es que Mata tuvo que marcharse a Puerto Príncipe en abril de 1830 (A. Auchelle, "Un eclesiástico entre liberalismo y absolutismo: Juan Mata de Echeverría" en Trienio, Ilustración y liberalismo, n° 27, mayo de 1996, Madrid, p. 73-82).

Los clérigos liberales asilados en Francia tuvieron que aguardar a que, tras la muerte del monarca, se iniciara una nueva era política en España. Sólo la amnistía otorgada por la reina regente María Cristina el 23 de octubre de 1833, les permitieron regresar a su patria.

Fuente :

Extractado de: Aline Vauchelle, “La emigración a Francia del clero liberal español: 1823-1834”, en Brocar, 21 (1998), pp. 269-309. 

http://www.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/9religion_y_masoneria/masones%20emigrados%20a%20Francia%201823.htm